El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak,
participó en la primera jornada del encuentro internacional de
especialistas en derecho administrativo y procuradores de América
latina, en el Hotel Panamericano.
“El diseño de un Código Contencioso Administrativo es el desafío que
tiene por delante el Estado nacional”, señaló el ministro de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, en la primera jornada del
encuentro internacional de especialistas en derecho administrativo y
procuradores de América que se desarrolló en el Hotel Panamericano, en
la ciudad de Buenos Aires. Hoy, reconocidos juristas de España y Francia
y autoridades de la Procuración del Tesoro de la Nación, presentaron
los debates más recientes en la materia.
Al iniciar la jornada los expositores recordaron las palabras del
ministro Alak, ante más de 350 abogados, en el Gran Salón Panamericano
se desarrolló el segundo encuentro del ciclo de conferencias que
organizó la Procuración del Tesoro de la Nación con motivo de sus 150
años de existencia. Creado en 1863, el cuerpo de abogados se ocupa de
brindar asesoramiento jurídico a todos los estamentos del Estado e
intervenir en los litigios que lo involucran.
Sentados sobre una tarima que los colocaba por encima del público,
Francois Julien Laferriere de Francia y los españoles Tomás de la Quadra
Salcedo y Luciano Parejo Alfonso acompañaron al subprocurador del
Tesoro de la Nación, Horacio Diez en la mesa sobre “Responsabilidad del
Estado”. Apoyadas sus notas sobre una mesa vestida con un mantel bordó,
cada expositor contó con 12 minutos para su disertación, pauta que
cumplieron a rajatabla pese a advertir sobre la complejidad y
minuciosidad del tema que estaban tratando.
Al abrir el panel, Diez consideró fundamental discutir sobre cuándo,
cómo y en qué forma el Estado debe responder y reparar ante una
situación de daño. Dijo que “sustraer del Código Civil la regulación de
la responsabilidad del Estado, no es eliminarla, sino simplemente
hacerlo desde la perspectiva del Derecho público”.
El administrativista español Tomás de la Quadra Salcedo explicó que en
su país “si hay un daño provocado por el mal hacer de un funcionario,
hay responsabilidad del Estado”. Sobre la competencia advirtió que son
los tribunales contenciosos administrativos los que intervienen en estos
litigios.
A su turno, el francés Laferrierre repasó la evolución histórica de
Derecho Administrativo y la cuestión de la responsabilidad del Estado en
su país. Advirtió que en momento de la conformación del Estado francés,
en tanto soberano no era admisible que se equivocara y, por lo tanto,
“no existía la responsabilidad del Estado como tal”. Advirtió que esto
cambio en 1861, desde cuando el Estado debe ser responsable por una
falla, dependiendo de distintas consideraciones en cuanto al grado, la
intencionalidad o las circunstancias involucradas.
Laferrierre explicó que esta responsabilidad “se inspira en el Derecho
Civil, pero adaptándolo a las necesidades del servicio público, es decir
del interés general”. Concluyó luego que en Francia, desde hace 20 años
como máximo, hay un régimen de la responsabilidad pública que es muy
diferente al de responsabilidad civil, “simplemente porque actúa en este
caso la noción de servicio público o interés general”. “Para nosotros
sería totalmente inconcebible que el régimen de responsabilidad
administrativa fuera parte del Código Civil”, finalizó.
El abogado y catedrático español Parejo Alfonso fue el último
disertante, luego la moderadora habilitó al público para que formularan
dos preguntas a los expositores. Dijo que no estaba en el espíritu de su
presentación evaluar la situación en Argentina, pero que el intercambio
resultaba siempre enriquecedor. “Lo primero que debo decir es que para
nosotros no es el Estado el que tiene la responsabilidad, porque no
tiene personalidad. Son las administraciones las que tiene
responsabilidad”, dijo. Aclaró que en España hay un régimen especial
administrativo que forma parte del Estatuto de la Administración. Y
finalmente, explicó que la perspectiva en España es constitucional:
“protege la integridad del ciudadano, que encierra la integridad
patrimonial”, precisó.
Fuente: 24Baires
Es un fenómeno terrible y peligroso; peligroso porque ha dado lugar
a movimientos políticos, a situaciones que se vivieron durante el
siglo XX y también durante el siglo XIX, en donde se consagraron
las más atroces violaciones a los derechos humanos".
